La absorción de estas cinco entidades de la administración paralela no supondrá, por el momento, un ahorro económico

El SAS deberá resolver la situación de los 8.267 trabajadores de los hospitales y el personal de emergencias

 

El proceso deremodelación de la llamada administración paralela de la Junta avanza y llega al ámbito sanitario. La Consejería de Salud y Familias prepara un decreto para disolver las cinco agencias públicas empresariales sanitarias que hay en Andalucía, cuatro asociadas a la gestión de hospitales y una quinta que se encarga del servicio de emergencias del 061 (EPES). Se trata del primer paso para integrar estas entidades dentro del Servicio Andaluz de Salud, pero el texto no recoge todavía el impacto económico que supondrá esta fusión. 

Se trata de un paso más en la "búsqueda de la máxima eficacia en el empleo de recursos públicos" puesta en marcha por este Gobierno desde su llegada a San Telmo, en enero de 2019. El objetivo, en este caso, es "unificar todos los recursos sanitarios asistenciales de entidades públicas en el SAS", lo que supondrá también la incorporación de 8.267 trabajadores a este organismo desde los cinco entes instrumentales, según figura en el anexo de personal del Presupuesto autonómico de 2021. Son 2.253 adscritos al Hospital de Poniente de Almería, 2.169 de la agencia del Alto Guadalquivir, con centros en Córdoba y Jaén; 2.004 del Hospital de la Costa del Sol en Marbella; 1.024 de la agencia del Bajo Guadalquivir, con instalaciones en Cádiz y Sevilla. 

La posibilidad de integración en el SAS del personal de estas agencias "se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación que resulte aplicable", aunque mientras se procede a la extinción de las entidades, mantendrán lo mismos derechos y obligaciones que resulten aplicables. Dicho esto, la memoria justificativa del texto "aconseja" que la integración de los trabajadores de estas agencias en el SAS se haga en el régimen estatutario. Para ello, "tendrán que integrarse primero como personal laboral del SAS", posponiéndose el proceso de "estatutarización", que depende del "estatus jurídico del trabajador.

La exposición de motivos del borrador del decreto establece que, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, el SAS subrogará los contratos de todo el personal laboral de las agencias y asumirá los procesos selectivos pendientes de finalizar. El Servicio Andaluz de Salud, además, asumirá los contratos de alta dirección durante un periodo "transitorio" hasta que se "adecuen" sus puestos a las "necesidades" del SAS. 

El proyecto de decreto lleva la firma de Mercedes Osuna, coordinadora de la Viceconsejería de Salud, y reconoce que las actividades de las agencias hospitalarias se han revelado como "esenciales" en sus zonas de actuación, al igual que EPES en la gestión de las emergencias. No obstante, el texto también reconoce "disfunciones" de orden jurídico entre estas entidades y el SAS, al que se adscriben.

Estos problemas han sido detectados en las auditorías operativas encargadas por el Gobierno andaluz al sector instrumental y revelan "un exceso de temporalidad" entre los trabajadores. Según la memoria justificativa, es un efecto de la necesidad de publicar ofertas de empleo público para incorporar personal. Además, al tratarse de una empresa pública empresarial, para contratar requieren un permiso de las consejerías de Presidencia y de Regeneración, previo informe favorable de Hacienda.

El SAS no tiene estas limitaciones, por ejemplo, por lo que el carácter jurídico de estas agencias "dificulta las contrataciones (...) cuando hay un incremento no previsto de la demanda asistencial". A ello hay que sumar que estas entidades prestan servicio en "zonas de difícil cobertura", lo que genera un déficit de determinadas especialidades. "Presentan una gran dificultad para atraer profesionales a sus hospitales,tanto por presentar unas condiciones laborales menos ventajosas que las del SAS", apunta la memoria justificativa del decreto, que también alude a problemas en procesos de compras, en la gestión económica, y en los sistemas de información asistencial.

No obstante, pese al esfuerzo por la "racionalización" que permea en todo este proceso, la memoria económica del decreto reconoce que no supone un ahorro económico, ya que la situación financiera de estas cinco entidades deberá resolverse en decretos posteriores que serán los que pongan en marcha la liquidación de los mismos, paso último a su integración efectiva en el SAS.