La Sentencia de 19 de marzo de 2020, C-103/18 y 429/18 dada a conocer el pasado día 19 de marzo recrimina a Estado español el abuso de la contratación temporal en el ámbito de las administraciones públicas, incluidos los Servicios de Salud pero no considera que tal abuso conlleve automáticamente la declaración de fijeza de los trabajadores afectados. Para adquirir la condición de funcionario/estatutario hay que superar las pruebas selectivas que se convoquen. Finalmente dictamina que serán los tribunales nacionales los que deberán de fijar, en su caso, una penalización pecuniaria a las administraciones públicas si se demuestra que esa encadenación de contratos temporales ha supuesto una merma patrimonial del empleado público

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