Por fin llegó la sentencia que alimentaba los sueños de miles de interinos, personal estatutario y funcionarios, que consideraban que el Tribunal de Justicia, no solo apreciaría los abusos de la práctica de la prolongación indebida, sino que condenaría al Reino de España a convertirlos en fijos.

Se trata de la Sentencia de 19 de marzo de 2020, C-103/18 y 429/18, (de la que disponemos en  Comunicado de prensa  y el  original completo ). Nada nuevo bajo el Sol, pues ya el  Abogado General arrojó un jarro de agua fría sobre sus esperanzas, y ello porque, como comentamos en anteriores post, un examen riguroso y serio de la jurisprudencia llevaba a pronosticar una sentencia europea que nuevamente condenase las prácticas abusivas y que volviese a recordar que corresponde a los jueces, caso a caso, valorar si la medida adecuada de respuesta a los abusos es la estabilidad o la indemnización. Veamos.

Hay que recordar que los recurrentes en origen pretendían, por la situación abusiva de su temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, que se les reconociera la condición de personal estatutario fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al de ese personal.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 8 de Madrid y el Juzgado num.14, plantearon cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo Marco. Se trataba de determinar si podía considerarse compensación idónea o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su temporalidad. Insistiremos en que el carácter abusivo era algo notorio y que la posible fijeza había sido rechazada por la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo .

Tocaba ahora al Tribunal europeo determinar si se ajustaba al derecho comunitario una posible indemnización (como pretendía el Tribunal Supremo) o si por el contrario, lo procedente y adecuado era penalizar a la Administración y compensar al interino con la atribución de un régimen de fijeza en sus plazas.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia C-103/18, Sánchez Ruiz y C-429/18 Fernández Álvarez y otras/Comunidad de Madrid (Servicio madrileño de Salud) ha declarado, de 19 de marzo de 2020, y no es ninguna sorpresa pese a las ilusiones sembradas, que incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición.

O sea, blanco y en botella. El Tribunal Europeo agota su misión constatando la situación abusiva pero deja en manos de los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada al abuso y además no se considera descabellado ni rechazable que se trate de una indemnización, ni acepta que sea necesaria la fijeza.

Así y todo parece que el Tribunal Europeo apunta algunas orientaciones para frenar los abusos. Así rechaza que sea medida adecuada convocar y organizar procesos selectivos e igualmente rechaza que sea suficiente para acabar con los abusos la previsión de la Disposición Transitoria Cuarta del EBEP (procesos de consolidación de personal temporal). En cambio, admite que una indemnización puede servir para paliar el abuso pero “En estas circunstancias, en la medida en que el Derecho español permita conceder a los miembros del personal estatutario temporal víctimas de la utilización abusiva de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente, corresponde a los juzgados remitentes determinar si tal medida es adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar tal abuso.”

Esta contenida solución de la sentencia europea, dura en apreciar el delito pero suave con la penitencia, nos sitúa en el escenario que el Abogado General apuntó en su propuesta ahora asumida por esta sentencia europea:

La cláusula 5 del Acuerdo … leer el resto del artículo