La Junta de Andalucía negocia un anteproyecto de Ley de Función Pública con los sindicatos de clase actualmente minoritarios en este ámbito y deja fuera a todos los sindicatos profesionales.

El pasado día 10 de diciembre fuimos convocados a una Mesa Sectorial extraordinaria para “negociar” el Anteproyecto de Ley de Función Pública. En la redacción de este Anteproyecto de Ley ya habían participado los sindicatos presentes en Mesa General de Negociación de la Administración pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) y tras el trámite de información pública se volvió de nuevo a negociar con los citados sindicatos.

A pesar de que esta futura Ley afecta todos los empleados públicos y en especial a los funcionarios, la Administración no ha querido contar en ningún momento con los sindicatos profesionales que representan a la mayoría de estos trabajadores. Imaginamos que para la Administración es más fácil mantener la injusta situación de privilegio de estos 3 sindicatos si esto supone poder sacar adelante proyectos como éste obviando la crítica o las aportaciones de los sindicatos profesionales.

Pero lo más grave de la actitud de la Junta de Andalucía es que, una vez negociado el texto con los 3 sindicatos de clase, ha pretendido disfrazar de negociación la presentación del anteproyecto en las distintas mesas sectoriales. Estas sectoriales han sido convocadas con un único punto del orden del día: “Negociación del anteproyecto…” pero en todas ellas la postura de la administración ha sido dejar claro que no se iba a negociar nada del contenido del documento.

En las distintas mesas sectoriales los representantes de los sindicatos profesionales nos hemos negado a participar de esta pantomima engañosa y hemos exigido una verdadera negociación, pero nos hemos topado con la negativa de la Administración arropada por CCOO, UGT y CSIF.

La Administración tiene la obligación legal de constituir la Mesa General de personal funcionario que sería el ámbito legítimo de negociación de un anteproyecto como éste pero prefiere mantener lo que todos consideramos un fraude de Ley y no constituir una mesa en la que, por representatividad, estaríamos presentes la mayoría de los sindicatos profesionales.

Así las cosas, la distribución y composición de las mesas de negociación que actualmente existe en Andalucía es, a nuestro entender, contraria a la normativa vigente y supone además una grave injusticia que beneficia a los 3 sindicatos de clase, actualmente minoritarios entre los empleados públicos y margina a los sindicatos profesionales que son los que en todos los ámbitos de la administración cuentan con mayor representación.

Existe en Andalucía una Mesa General de Negociación de la Administración pública (funcionarios y laborales) que se correspondería con lo recogido en la disposición adicional sexta de la Ley 9/87 y en el artículo 36 del Decreto 5/2015.

Por otro lado existen mesas sectoriales (de educación, sanidad, etc.) que según lo recogido en el artículo 31 de la Ley 9/87 y en el artículo 34 del Decreto 5/2015, cuya constitución debería haber sido posterior a la constitución de la Mesa General de negociación del personal funcionario que en Andalucía no ha llegado nunca a constituirse. Nos encontramos pues con la paradoja de que existen mesas sectoriales que “cuelgan” de una mesa general inexistente.

En fin, Una vez más en Andalucía se mantienen decisiones arbitrarias que permiten que los tres sindicatos de clase y la Administración negocien y acuerden aquello que solo a ellos interesa.  

Parece que no piensan contar con la opinión de la inmensa mayoría de los empleados públicos, pero desde aquí queremos recordarles que una Administración Pública que no cuenta con sus funcionarios es una Administración abocada a la desparición.